Rilda Paco y Grisseth Salazar/ La Cabrona
Un sistema que falla a las víctimas, revictimiza a las familias y permite la impunidad de los agresores.
Fotografía: Rilda Paco
En Bolivia, la violencia sexual y los feminicidios cometidos por menores de edad han alcanzado niveles alarmantes en los últimos años. Estos crímenes, muchos de ellos planificados y ejecutados con extrema crueldad, han dejado una estela de dolor, impunidad y desesperanza en las familias de las víctimas, en su mayoría niños, niñas, adolescentes y mujeres. Lo más preocupante es que estos actos de violencia siguen un patrón similar al de los crímenes cometidos por hombres adultos, como la violencia sexual y el feminicidio, lo que sugiere una normalización de la violencia de género desde edades tempranas.
Según datos del Ministerio Público, durante la gestión 2024 ingresaron al sistema penal juvenil 1,461 menores de edad, la mayoría por delitos de violencia sexual. A nivel nacional, se registraron 687 casos relacionados con violencia de género, una cifra que solo refleja una parte de la problemática, ya que muchos casos no son denunciados debido al miedo, la desconfianza en el sistema o la falta de recursos.
Casos que conmocionan a la sociedad
En mayo de 2022, una niña de 12 años fue violada y asesinada por un menor de 16 años en el municipio de Viacha, vecino de El Alto. El agresor, quien supuestamente cometió el hecho en estado de ebriedad, era compañero de la víctima en la misma unidad educativa.
La madre de la niña, entre lágrimas, clamó por justicia: “Quiero justicia, no le pueden matar a mi hija así nomás. No tengo dinero ni para hacer enterrar”. Estas palabras resumen el dolor y la impotencia de las familias que, además de perder a un ser querido, deben enfrentar un sistema judicial que las revictimiza y las deja en el abandono.
En febrero de 2024, una adolescente de 17 años fue asesinada en la zona de Tarapacá, en la ciudad de El Alto. Los presuntos autores, dos jóvenes de la misma edad, habrían agredido sexualmente a la víctima antes de quitarle la vida. Este caso, catalogado como feminicidio, no es un hecho aislado.
Ambos hechos reflejan una realidad alarmante y recurrente: la violencia extrema contra niñas y adolescentes, así como la desprotección y revictimización que enfrentan las familias en su búsqueda de justicia.
La doble victimización: El sistema y la sociedad
Riosel Jimena Flores, psicóloga del CEPAT de Cochabamba, explica que muchas adolescentes que sufren violencia sexual se sienten culpables por haber hablado sobre lo ocurrido. “El agresor suele ser alguien del entorno cercano, como el padre, el tío o el hermano, lo que desencadena una desestructuración familiar. Los familiares culpan a la víctima, y esto afecta profundamente su salud mental”, señala.
Además de la carga emocional, las familias enfrentan barreras económicas y burocráticas para acceder a la justicia. Muchas no cuentan con los recursos para costear un proceso penal o incluso para dar sepultura a sus seres queridos. A esto se suma el estigma social que recae sobre las víctimas y sus familias, quienes son juzgadas por no haber “protegido” a sus hijas.
Violaciones grupales y la impunidad de los agresores
Uno de los casos más emblemáticos de violencia grupal ocurrió en 2016 en Cochabamba, cuando María del Carmen Carballo Reyes, de 16 años, fue violada y asesinada por miembros de la pandilla “Wander Rap”. Omar Alejandro Ordoñez, el autor principal, fue condenado a 30 años de prisión, pero en 2021 la vocal Mirtha Mabel Montaño ordenó su libertad bajo fianza. Ordoñez escapó del país y hasta la fecha no ha sido capturado.
Este caso no solo expone las fallas del sistema judicial, sino también la impunidad que rodea a los agresores. Zulma Boniface Ceballos, miembro del colectivo Mujeres de Fuego, cuestiona cómo es posible que una persona sentenciada por feminicidio pueda obtener la libertad. “Los juzgadores tienen que juzgar con perspectiva de género. En este caso, han beneficiado al agresor, y eso ha dejado a la familia de la víctima en un estado de vulnerabilidad constante”, afirma.
El año 2018, en el departamento de Santa Cruz, un caso de violencia sexual conmocionó al país y puso en evidencia las profundas desigualdades del sistema de justicia boliviano. Un grupo de cinco jóvenes, entre ellos un menor de edad, violaron a una joven mujer de 18 años, quien quedó gravemente herida y debió ser internada en terapia intensiva. Este caso, conocido como el de “La Manada”, no solo destacó por la brutalidad del crimen, sino también por el perfil de los agresores, quienes pertenecían a familias adineradas y con influencias políticas en la región. Uno de los denunciados era hijo de una alta funcionaria de la Alcaldía de Santa Cruz, lo que generó sospechas de que el poder económico y político pudiera interferir en el curso de la justicia.
La abogada Jessica Echeverria, quien formó parte de la defensa de la víctima, relata con indignación cómo el sistema falló en proteger a la joven. “En ningún momento se le dieron garantías a la víctima. Si hubiera habido garantías, no habría tenido que irse del país por las amenazas”, afirma. La víctima, después de sobrevivir a la agresión, intentó reconstruir su vida inscribiéndose en la Universidad Católica para estudiar medicina. Sin embargo, el acoso y las amenazas continuaron. “La perseguían, le sacaban fotografías, sabían todo su horario en la universidad. No podía ir a un restaurante con su madre sin que las fotos comenzaran a circular. La destrozaron”, relata Echeverria.
El caso de “La Manada” no solo expuso la violencia sexual, sino también la revictimización que sufren las víctimas por parte de la sociedad y el sistema judicial. “Fue un caso mediático y emblemático, pero también debe ser un debate sobre cómo la sociedad revictimiza a las víctimas”, señala la abogada. Los agresores, al pertenecer a una clase social privilegiada, contaron con recursos y conexiones que les permitieron evadir la justicia de manera más efectiva, mientras que la víctima y su familia se vieron obligadas a huir del país para proteger su integridad.
Este caso es solo uno de los muchos que ilustran cómo la impunidad y las desigualdades sociales se entrelazan en Bolivia, dejando a las víctimas y sus familias en un estado de vulnerabilidad constante. La falta de garantías y protección por parte del Estado, sumada a la influencia de los agresores, perpetúa un ciclo de violencia que parece no tener fin.
El patrón de impunidad y la necesidad de un cambio
El caso de “La Manada” no es aislado. En 2024, otro caso de violación grupal no tan visible ocurrió con una adolescente de 14 años, contactada a través de la red social TikTok, fue citada en el departamento de Oruro y violada por tres hombres, uno de ellos menor de edad. Estos hechos, junto con otros casos emblemáticos como el feminicidio de María del Carmen Carballo Reyes en Cochabamba, evidencian un patrón recurrente: la impunidad de los agresores y la desprotección de las víctimas.
Zulma Boniface Ceballos, miembro del colectivo Mujeres de Fuego, señala que las garantías que se otorgan a las víctimas y sus familias rara vez se cumplen. “Nadie cumple, nadie respeta. No hay custodios, no hay protección”, afirma. En el caso de María del Carmen, la madre de la víctima, Pilar Reyes, ha sido amenazada en múltiples ocasiones. “Si sigues con el proceso, vamos a violar a tus otras hijas”, le dijeron. Estas amenazas han llevado a la desintegración de la familia, con las hermanas de la víctima viviendo en otros lugares para protegerse.
El sistema de justicia penal juvenil: ¿Una solución o un problema?
Jessica Echeverria, abogada defensora de víctimas, plantea una pregunta crucial: “Si tienen edad para matar y violar, ¿por qué no tienen edad para purgar en la cárcel?”. Echeverria critica el sistema de justicia penal juvenil, que en muchos casos impone sanciones leves, como detención domiciliaria o penas de pocos años, incluso para delitos graves como violación y feminicidio.
“Hay adolescentes que son capaces de matar y violar, y el sistema los trata con benevolencia. Esto no solo es injusto para las víctimas, sino que también representa un riesgo para la sociedad, ya que no hay garantías de que estos agresores no reincidan”, además, la falta de claridad en la legislación permite que algunos agresores, al cumplir la mayoría de edad, evadan responsabilidades penales completas sostiene la abogada.
Un llamado urgente a la acción
Los casos de violencia sexual y feminicidios cometidos por menores en Bolivia son una muestra clara de una crisis estructural que requiere atención urgente y acciones concretas. Desde el caso de “La Manada” en Santa Cruz hasta el feminicidio de María del Carmen en Cochabamba, las víctimas y sus familias han sido abandonadas por un sistema que no solo las revictimiza, sino que también permite la impunidad de los agresores. Esta situación no solo refleja fallas en el sistema de justicia, sino también una normalización de la violencia de género que se reproduce desde edades tempranas.
Es imperativo que el Estado boliviano implemente políticas públicas integrales que garanticen la protección de las víctimas, fortalezcan el sistema judicial y aborden las causas profundas de esta violencia. Esto incluye reformas legislativas para que los adolescentes que cometen delitos graves, como violación y feminicidio, sean juzgados con la severidad que corresponde. No se puede seguir permitiendo que sanciones leves, como la detención domiciliaria o penas de pocos años, sean la respuesta a crímenes que dejan secuelas irreparables en las víctimas y sus familias.
Además, es fundamental trabajar en programas de prevención de la violencia en unidades educativas, donde se fomente el respeto, la igualdad de género y la resolución pacífica de conflictos. Las campañas informativas también son clave: la población debe conocer los pasos a seguir en casos de violencia sexual, los lugares a los que se puede acudir para denunciar y los recursos disponibles para recibir apoyo psicológico y legal. La educación y la información son herramientas poderosas para romper el ciclo de la violencia. Mientras tanto, las voces de las madres, hermanas y familiares de las víctimas siguen clamando por justicia. Como dijo la madre de María del Carmen: “No hay justicia para mí, yo busco justicia, para la gente pobre no hay justicia, para la gente que tiene plata sí hay”. Esta frase resume la desigualdad y la impunidad que caracterizan a un sistema que favorece a quienes tienen poder económico y político, mientras deja en el olvido a quienes más lo necesitan.
La pregunta que queda en el aire es: ¿Cuántas víctimas más tendrán que sufrir antes de que algo cambie? Bolivia no puede permitirse seguir ignorando esta sombra de impunidad que oscurece el futuro de miles de niñas, adolescentes y mujeres. Es hora de que el Estado, la sociedad civil, las instituciones y la ciudadanía trabajen juntos para construir un país donde la justicia, la protección y la dignidad sean derechos garantizados para todos.
Gracias por su coraje en la denuncia! Solo nos queda hacer visibles a los agresores por todos los medios a nuestro alcance.
Muchas gracias por el apoyo