Grisseth Salazar y Rilda Paco / La Cabrona
La violencia sexual es una problemática latente en Bolivia que afecta gravemente a
mujeres, niñas, niños y adolescentes. La respuesta ante esta realidad requiere un enfoque
integral que abarque prevención, intervención y reinserción, considerando tanto la
atención a las víctimas como la rehabilitación de menores agresores. Sin embargo, las
deficiencias estructurales en las instituciones encargadas de la protección y la falta de
recursos impiden garantizar un acceso efectivo a la justicia y a la atención integral.
Menores con responsabilidad penal
Cuando el agresor es un menor de edad, las instituciones enfrentan un desafío distinto:
garantizar su rehabilitación mientras se protege a la sociedad de la reiteración de
conductas delictivas.
El Sistema Penal para Adolescentes es un conjunto de instituciones y procedimientos diseñados para investigar y, si corresponde, aplicar medidas socioeducativas a adolescentes de entre 14 y 18 años que han sido denunciados por la comisión de un delito. A diferencia del sistema penal para adultos, este enfoque no busca el castigo, sino la reintegración social del adolescente, garantizando el respeto a sus derechos y promoviendo su desarrollo integral. Para ello, el Estado boliviano ha establecido diversas instituciones especializadas, como los Juzgados de la Niñez y Adolescencia,la Fiscalía, la Policía, la Defensa Pública, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, las Instancias Técnicas Departamentales de Políticas Sociales (SEDEGES o Cenvicruz en Santa Cruz) y los Centros de Orientación y Reintegración.
El propósito del sistema es determinar la responsabilidad del adolescente en un delito, esto significa que, en lugar de aplicar sanciones punitivas, se busca su reeducación y reinserción social mediante programas que trabajan tanto con él como con su familia. A través de este proceso, se procura evitar la reincidencia, fomentar la asunción de responsabilidades por el daño causado y brindarle herramientas para su desarrollo personal.
El proceso en el Sistema Penal para Adolescentes tiene tres etapas principales y no puede extenderse más de ocho meses. La etapa de investigación comienza con la denuncia o aprehensión del adolescente y dura un máximo de 45 días (o 90 si hay varios implicados). En esta fase, se puede optar por la remisión, una salida alternativa, la acusación o el sobreseimiento, entre otras resoluciones. Luego, en la etapa de juicio oral, se escuchan las pruebas, los argumentos de ambas partes y se dicta una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Finalmente, la etapa de recursos permite impugnar decisiones a través de la reposición (para corregir errores menores), la apelación incidental (contra medidas cautelares o resoluciones en ejecución de sentencia) y la apelación de sentencia (si hubo una mala aplicación de la ley). Todo el proceso busca garantizar los derechos del adolescente bajo un enfoque de justicia restaurativa.
El abordaje institucional hacia menores agresores
El Sistema Penal para Adolescentes en Bolivia busca alejarse de un enfoque punitivo tradicional y prioriza la reintegración social de los menores en conflicto con la ley. La intervención institucional está diseñada para ser altamente individualizada, considerando que «el delito es una circunstancia, un hecho que ha ocurrido, pero no es la persona. Entonces siempre el abordaje debe separar el delito de la persona y ver cuáles han sido las circunstancias por las cuales se ha llegado a ese hecho”, según especialistas de CENVICRUZ. En ese sentido, desde el ingreso de los adolescentes al sistema, se lleva a cabo una evaluación psicológica, social y médica para diseñar un plan de intervención acorde a sus necesidades.
Los centros de rehabilitación, como Cometa en Cochabamba y CENVICRUZ en Santa Cruz, buscan que los menores participen en actividades similares a las de la vida en libertad, evitando la clasificación por delitos y centrando el tratamiento en los factores de riesgo y protección individuales. “Lo que nosotros tenemos que buscar es los objetivos del programa y cómo van a hacer esta reinserción estos adolescentes en el tema familiar, en el tema educativo, en el tema laboral y su plena reintegración social partiendo desde el arrepentimiento para que ellos puedan nuevamente involucrarse en lo que es la sociedad y evitar lo que es la reincidencia del delito”, explicó Mariela Arze, directora del SEDEPOS en Cochabamba.
Desafíos en la población del modelo de reinserción
A pesar de que el sistema de justicia juvenil se basa en principios de reinserción y justicia restaurativa, su aplicación enfrenta serios desafíos. Uno de los principales problemas es la sobrepoblación en los centros de reintegración social.
En Cochabamba, por ejemplo, el Centro Cometa, diseñado para albergar entre 70 y 80 adolescentes, actualmente acoge a 109. Según Mariela Arze, directora del SEDEPOS, esta situación ha obligado a las autoridades a realizar ajustes en la infraestructura y en la gestión de recursos. «Hemos salido del parámetro de capacidad, pero dentro del marco de responsabilidad de cuidado de menores, hemos adecuado el espacio para garantizar que los adolescentes reciban una atención acorde a sus derechos», explicó Arze.
En Santa Cruz, la problemática se repite. CENVICRUZ reporta que su centro para varones alberga a 188 adolescentes, mientras que el Centro Fortaleza, destinado a mujeres, atiende solo a seis jóvenes. A ello se suma el programa de orientación, que ha brindado asistencia a cerca de 900 menores. Sin embargo, especialistas advierten que el sistema de justicia juvenil carece de una articulación efectiva entre las distintas instituciones, lo que genera que muchos casos no lleguen a los centros de rehabilitación o permanezcan en instancias judiciales sin un seguimiento adecuado.
El ingreso de adultos a centros juveniles
Otro desafío crítico es la presencia de personas mayores de edad en centros destinados a adolescentes. Un caso que ilustra esta problemática es el de Qalauma, en La Paz, donde el reglamento establece que solo pueden ingresar jóvenes de 16 a 21 años. No obstante, en 2024 se registró el ingreso de Joel P., de 25 años, implicado en la desaparición de Odalys el 29 de marzo de ese año. Su permanencia en el centro generó conflictos debido al uso indebido de un teléfono celular y a su comportamiento desafiante, lo que obligó a su traslado a otro recinto.
Este no es un caso aislado. En CENVICRUZ, funcionarios reportan que han recibido internos de hasta 28 años, debido a la aplicación retroactiva de la ley penal juvenil. «Nos han llegado personas que cometieron delitos hace 10 años, cuando aún eran adolescentes, pero que recién ahora reciben sentencia», explican desde la institución.
Este fenómeno ocurre porque el Código Penal Juvenilestablece que el sistema de justicia para adolescentes se aplica a delitos cometidos entre los 14 y antes de los 18 años. Sin embargo, en algunos casos, se han dictado sentencias de hastatres años, lo que obliga a los centros juveniles a brindar seguimiento a personas que ya han superado la edad permitida.
Actualmente, el código establece que la privación de libertad en el sistema juvenil se cumple hasta los 24 años. Esto implica que, si una persona cometió un delito a los 17 años y recibió una condena de seis años, su permanencia en el sistema concluiría cuando cumpla 23 años y 364 días. El principal problema que surge ante esta situación es lafalta de claridad sobre qué institución es competente para atender a estos internos, no existen centros específicos para jóvenes mayores de 24 años, lo que ha llevado a que algunos sean trasladados a Palma SolaoSERPROM, centros penitenciarios para adultos.
En la práctica, hay casos en los que los procesos judiciales tardan tanto que los acusados superan esa edad antes de recibir una condena. Un caso emblemático es el de un individuo que, a los 17 años, fue acusado de transporte de sustancias controladas. Luego de recibir una cesación a su detención, se dio a la fuga y permaneció en rebeldía durante 17 años, hasta que finalmente fue capturado y sentenciado. «El sistema apela a la aplicación retroactiva de la ley, argumentando que cuando cometió el delito era menor de edad. Sin embargo, al momento de la sentencia, ya era un adulto y estaba recluido en SERPROM, un centro penitenciario de adultos en Okinawa», explicaron las autoridades de CENVICRUZ.
¿Qué pasa con los menores de 14 años?
En Bolivia, los adolescentes menores de 14 años no pueden ser procesados penalmente debido a su edad. En estos casos, se recomienda acudir a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para recibir orientación sobre las medidas de protección adecuadas. Sin embargo, la realidad muestra que muchos de estos casos quedan en el abandono, sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
Las denuncias muchas veces no son recibidas ni atendidas, y los procesos terminan archivados. Una de las pocas alternativas que se ofrecen a las víctimas y sus familias es iniciar un proceso civil de reparación de daños, pero pocos saben que este solo puede ejecutarse dentro de los tres meses siguientes al hecho. Además, el seguimiento de estos casos suele ser inexistente. Aunque los menores de 14 años no sean imputables penalmente, sigue siendo fundamental investigar las razones detrás de su comportamiento y el papel de sus progenitores en su crianza y supervisión.
Sobre esta problemática, la abogada y activista Jessica Echeverría señala: “Que la Defensoría de la Niñez actúe y se cuestione por qué este adolescente o este niño está agrediendo sexualmente. Sin embargo, por flojera, por ignorancia, no quieren recibir la denuncia, no quieren preguntarse qué está pasando, por qué ese adolescente o ese niño está cometiendo ese accionar (…) Entonces, nadie indaga, nadie investiga y todo queda ahí. Y luego el día de mañana no sabemos qué puede suceder, tanto con el adolescente agresor como con quien es víctima”.
Uno de los mayores problemas es la minimización de la gravedad de estos hechos. No se puede equiparar una agresión sexual cometida por un menor con una simple “infracción”. Al respecto, Echeverría cuestiona: “Estamos hablando de que algo no está bien. Tienen que indagar y preguntarse por qué este menor está teniendo este accionar. Entonces, ¿quiénes se tendrían que investigar? ¿Quiénes se tendrían que involucrar? A los padres”.
Ante esta situación, surge el debate sobre la necesidad de reformar la legislación para hacer responsables a los progenitores y endurecer las penas dentro del sistema de justicia penal juvenil en casos de delitos graves como violación, feminicidio y abuso sexual. “Los adolescentes se ríen. Si vas a ir ante un juez que te va a decir que te han prohibido usar TikTok, ¿qué sanción hubo?”, concluye Echeverría.
La falta de acción y seguimiento en estos casos no solo deja en la impunidad a los agresores, sino que también pone en riesgo a futuras víctimas. Es urgente que las instituciones encargadas de la protección infantil cumplan con su rol y que se promuevan reformas que garanticen justicia y prevención.
Desde los centros de rehabilitación se enfatiza la importancia de fortalecer las políticas de prevención del delito en unidades educativas y comunidades. «Muchos adolescentes ven el delito como un desafío o un juego, sin medir las consecuencias de sus actos», advierte Arze. La prevención temprana y el trabajo con las familias son fundamentales para evitar que los jóvenes ingresen al sistema penal.
Si bien el abordaje institucional en Bolivia ha avanzado en la construcción de un sistema que prioriza la rehabilitación, las dificultades en infraestructura, el hacinamiento y la falta de recursos siguen siendo retos pendientes. Para que el modelo de reinserción sea efectivo, es fundamental un trabajo coordinado entre el Estado, las familias y la sociedad, promoviendo oportunidades para que estos adolescentes no repitan sus errores y puedan construir un futuro lejos de la delincuencia.
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