En Bolivia, 2,696 casos de violación a menores marcaron el 2024, con un sistema que desampara a las víctimas y protege a los agresores menores de edad. Mientras niñas sobrevivientes cargan con el trauma, las leyes perpetúan la impunidad, dejando una pregunta inquietante: ¿quién vela por ellas?
Rilda Paco y Grisseth Salazar/ La Cabrona
En Bolivia, la violencia sexual contra menores se ha convertido en una problemática crítica. Según datos de la fiscalía general del Estado, en 2024 se registraron 2,696 casos de violación de infantes, niños, niñas y adolescentes. Esta cifra es alarmante ya que equivale a un promedio de siete casos por día, y detrás de estas cifras se esconden historias de dolor, familias desamparadas, impunidad y un sistema que no logra brindar justicia.
La mayoría de las víctimas son niñas, quienes además de enfrentar el trauma del abuso, sufren las deficiencias de un sistema legal que parece inclinarse más hacia la protección de los agresores menores de edad que hacia sus derechos. Según el Código Niño, Niña y Adolescente, los adolescentes de entre 16 y 18 años que cometen delitos graves como violaciones o asesinatos pueden ser imputables, pero solo enfrentan una pena máxima de seis años en un centro de infractores. Si el agresor tiene menos de 14 años, es inimputable y no puede ser juzgado ni sancionado penalmente, independientemente de la gravedad de su crimen.
Este vacío legal deja a las víctimas y sus familias sin posibilidades reales de obtener justicia. Los agresores menores de 14 años quedan protegidos por un sistema que no exige responsabilidad penal y limita la capacidad de las víctimas para buscar reparación económica. Este enfoque ha generado un clima de impunidad que podría fomentar la repetición de estos delitos.
Las niñas que no encuentran justicia
El 8 de diciembre de 2024, en Santa Cruz, una madre denunció que su hija de ocho años había sido violada por su tío, un adolescente de 13 años.
” Encerró a mi hija en un cuarto, se bajó el pantalón y tapándole los ojos abuso de ella la forzó. Después estaba obligando a lo mismo a otra niña más que también vive en la casa y mi hija gritó”.
Así también la madre de la víctima denuncio que sufrió amedrentamiento por el entorno del agresor. A pesar de las pruebas contundentes y del daño evidente, el agresor quedó libre de responsabilidad penal debido a su edad.
Un caso similar ocurrió en El Alto, La Paz, en agosto de 2023, cuando una madre reportó que su hija de seis años había sido abusada sexualmente por su primo político, un adolescente de 13 años. Según el informe psicológico, la niña narró con detalle los abusos sufridos, reflejando un daño emocional profundo.
«Mi primo… me tocó la parte donde hacemos pis y donde hacemos «popo un poquito me duele al hacer baño me ha metido dónde hacen «pis los hombres y donde hago popo, lo metió y me lastimo, cuando jugábamos retos, me regalaba dulces, cuando íbamos a la tienda me compraba chocolates sabíamos jugar futbol con mis juguetitos igual…”
La madre de la niña tuvo que afrontar el proceso sola ya que era la familia de su actual pareja quien había hecho daño a su hija y quien ahora se encontraba sola y con miedo de que en cualquier momento la familia del violador venga agredirla a ella y a sus hijos.
La madre tuvo que buscar ayuda psicológica por su parte para su niña ya que nadie le informo a donde ir para que pueda recibir ayuda psicológica para superar lo que le había pasado y que le estaba afectando más que todo a la hora de dormir en donde tenía pesadillas constantes. Sin embargo, el sistema no ofreció justicia.
Un sistema que falla a las víctimas
El artículo 269 del Código Niño, Niña y Adolescente establece que los menores de 14 años son inimputables, lo que significa que, aunque se compruebe su responsabilidad en
delitos graves como violación o asesinato, no pueden ser procesados penalmente. En su lugar, los casos son derivados a instancias técnicas de política social, donde se aplican
medidas de protección en lugar de sanciones.
Para las familias de las víctimas, la única alternativa es un proceso civil de reparación de
daños. Sin embargo, este trámite es complejo y costoso, con gastos que oscilan entre 4.500 y 6.000 bolivianos, una suma inalcanzable para muchos. Además, según el artículo 348 del mismo código, las víctimas solo disponen de tres meses para presentar la demanda civil después de la sentencia ejecutoriada, lo que reduce aún más sus posibilidades de
obtener justicia.
Por otro lado, el artículo 145 de la misma ley estipula que el Estado, las familias y la sociedad deben garantizar la protección de los niños y adolescentes contra cualquier forma de maltrato, abuso o negligencia. No obstante, en la práctica, esta protección parece
estar más enfocada en los agresores menores de edad que en las víctimas, generando un ambiente de desprotección y desigualdad.
El impacto emocional en las víctimas
El daño que sufren las víctimas no se limita al momento del abuso; las secuelas emocionales pueden manifestarse durante su adolescencia y adultez. Según la psicóloga Marynés Salazar, es fundamental brindar a las víctimas un proceso de rehabilitación integral que no solo aborde el trauma psicológico, sino también las ayude a recuperar su sentido de dignidad y autonomía.
Salazar sostiene que las víctimas necesitan apoyo para comprender que el abuso sufrido no define el resto de sus vidas. “Decir que la vida de una víctima está arruinada para siempre es una frase violenta y condescendiente. Con el apoyo adecuado, las víctimas pueden reconstruir sus vidas y superar el trauma”, explica.
Sin embargo, este apoyo ideal debe ir acompañado de una reparación económica por parte de los agresores o sus responsables legales, algo que actualmente es casi inalcanzable para las familias afectadas debido a los obstáculos legales y financieros.
Opiniones de Expertos sobre la Responsabilidad en Delitos Cometidos por Menores
El debate sobre la inimputabilidad de los menores de 14 años en delitos graves ha generado preocupación en distintos sectores de la sociedad. Expertos en derecho y psicología advierten sobre las deficiencias del sistema y la falta de medidas que garantizan
justicia para las víctimas, así como la escasa responsabilidad que asumen los entornos familiares de los agresores.
La abogada Jessica Echeverría
«No se puede minimizar el hecho de que un niño de 11 o 12 años esté agrediendo sexualmente a alguien. ¿Por qué? Porque la ley lo clasifica solo como una infracción.
Pero esto no es como pasarse un semáforo en rojo; estamos hablando de algo muy grave. Se debe investigar por qué un menor actúa de esta manera. ¿Dónde está la negligencia?
¿Quién debe asumir la responsabilidad? Aquí deben intervenir los padres. Si un niño, en vez de estudiar, está acosando a su vecina o consumiendo pornografía, es claro que hay una omisión. La ley debería modificarse para incluir sanciones a los padres, obligándolos a estar más atentos ya dejar de justificar estas conductas.
Por su parte, destaca la psicóloga Marynés Salazar
«Cuando alguien en una familia sufre abuso o violación, no solo la víctima se ve afectada, sino todo su entorno. Las relaciones cambian, las dinámicas familiares se alteran y las posibilidades de relación ya no son las mismas. La restauración de derechos no debería centrarse únicamente en la persona afectada, sino también en su círculo cercano.
Del mismo modo, cuando un menor comete un delito grave, no se puede analizar el caso de manera aislada. ¿Qué ha pasado para que un niño o adolescente se convierta en violador, feminicida o infanticida? ¿No hay detrás de él una familia que lo ha formado o mal formado? Es necesaria una intervención sistémica, donde el entorno también asume su responsabilidad.»
¿Qué hacer frente a esta realidad?
El sistema legal boliviano enfrenta un desafío urgente: equilibrar la protección de los derechos de los menores infractores con la necesidad de garantizar justicia para las víctimas. Los vacíos legales que permiten la impunidad de los agresores menores de edad deben ser revisados, ya que un sistema que no sanciona adecuadamente estas conductas podría estar fomentando la repetición de estos delitos. Es fundamental evitar que más niños y niñas sean revictimizados por un sistema que les da la espalda.
Para ello, es necesario fortalecer las políticas públicas enfocadas en la prevención, la educación y el apoyo integral a las víctimas. Invertir en programas de educación sexual temprana y en la capacitación de padres, educadores y autoridades puede ayudar a reducir los casos de abuso. Asimismo, el acceso a servicios psicológicos y legales gratuitos es esencial, eliminando la necesidad de que las víctimas deban recurrir a un proceso civil costoso y desgastante para lograr la reparación del daño.
Además, se debe investigar y sancionar a los padres de los agresores cuando existe negligencia en su crianza y supervisión, ya que son responsables del cuidado de sus hijos.
También es crucial que la reparación del daño se dicte dentro del proceso penal, evitando que las víctimas deban realizar un trámite adicional que, en la mayoría de los casos, resulta inaccesible.
Bolivia no puede permitirse ignorar esta crisis. Proteger a la niñez no es solo un deber moral, sino una inversión en el futuro del país. Las cifras y los testimonios no deben ser meros datos estadísticos, sino un llamado a la acción para detener la violencia y garantizar un entorno seguro para las próximas generaciones.
